Opinión Invitada / Justicia penal en NL

Por Opinión Invitada: Periodico "El Norte"
(17-Jul-2011).-

Ernesto Canales Santos
Nuevo León fue la primera entidad de la República que reconoció que el sistema de justicia penal en el País debía de ser transformado para acabar con la corrupción, ineficiencia, falta de profesionalismo y dominancia del Ministerio Público en los procesos y juicios penales.El enorme descrédito entre la ciudadanía respecto a la procuración de justicia penal se ha debido también a que el sistema no ha otorgado protección a víctimas; permite el abuso de la prisión preventiva, haciendo nulo el principio de presunción de inocencia; criminaliza la pobreza y ha demostrado ser un fracaso en reinserción social de reos.

La falta de confianza ciudadana queda demostrada por el muy bajo porcentaje de víctimas de delitos que acuden a las Policías y Ministerios Públicos a denunciarlos: sólo el 15 por ciento lo hacen. Esto ¿qué significa? Pues que debido únicamente al factor de confianza ciudadana el 85 por ciento de los crímenes en México no pasan ni por el radar de las autoridades de combate a la delincuencia, lo que constituye la principal causa de impunidad en el País.

En el 2004 Nuevo León, con el Gobierno de González Parás, emprendió una primera reforma penal que, aunque de corto alcance en tanto al número de delitos y las etapas de los procesos cubiertos, ha rendido magníficos resultados, principalmente al proveer para los crímenes menores y de pena media, no violentos, formas rápidas de resolución otorgando prioridad a la reparación del daño. Sin embargo, desde entonces el Gobierno del Estado ha abandonado la reforma penal, a pesar de que otros Estados la impulsaron de una manera integral. En junio del 2008, inclusive, la Constitución de la República hizo mandatario para todo el País los principios de un nuevo sistema penal basado en los juicios orales.

Al Gobierno de Medina le ha tomado estos casi dos años proveer del marco normativo para implementar comprensivamente al nuevo sistema; falta ahora conocer los planes sobre las acciones concretas que le darán cuerpo y práctica; el Primer Foro sobre Justicia y Seguridad, celebrado en esta ciudad el 5 y 6 del presente mes, destacó que los cambios bien se podrían implementar en un periodo de 18 meses y no hasta el 2016, meta fijada por Medina.

Los destacados panelistas del Foro, con base en trabajos bien documentados que pueden consultarse, igualmente hicieron énfasis en que la vituperada seguridad pública en Nuevo León no podrá reconstituirse sin un sistema de justicia penal con suficiente credibilidad de parte de la ciudadanía, que provoque a las víctimas de delitos a acudir a denunciarlos ante las autoridades correspondientes.

Mientras Nuevo León tiene siete años sin avanzar en la práctica del nuevo sistema, hay otros ocho Estados que lo han hecho con resultados muy positivos; el Foro reportó que en las entidades en donde ya opera la reforma penal los índices técnicos de la administración de justicia han mejorado sustancialmente: mayor porcentaje de denuncias ciudadanas, incremento en la proporción de denuncias que se concretan en consignaciones y de éstas en sentencias condenatorias, lo que se traduce en menor impunidad.

Ante el panorama nuevoleonés, el Primer Foro presentó el contraste con la reforma penal en el Estado de Baja California, que apenas inició hace ocho meses; la energía y el entusiasmo de los funcionarios de la Procuraduría bajacaliforniana resaltaron la falta de interés en la reforma de nuestras contrapartes: nula o poca voluntad política respecto a la urgencia de la reforma penal; ausencia de liderazgo en el Gobierno estatal en su implementación, en especial de parte de los actores encargados de la procuración de justicia.

El consenso de los panelistas en este Foro de Justicia y Seguridad, en sus participaciones formales y fuera de ellas, fue en el sentido de reconocer, por una parte, que Nuevo León cuenta con todos los elementos políticos, sociales y técnicos para emprender la reforma modelo en materia penal en el País, y que, por otra parte, es penoso observar que la seguridad pública haya pasado de ser ejemplo nacional a convertir al Estado en una zona de las más violentas de México.

El Gobierno del Estado definitivamente no está aprovechando todo el potencial de la reforma penal como arma para revertir esta situación, que le permita a Nuevo León volver a brillar en el País como lo mejor de lo nuestro. Existe la mejor voluntad de expertos, académicos y de las organizaciones civiles dedicadas al tema para colaborar mpliamente a conseguir una adecuada implementación de la reforma penal en el Estado. Debemos aprovechar el talento y la experiencia que se ha desarrollado y que está
disponible.

El Gobierno de Rodrigo Medina tiene el reto, la palabra y un enorme capital político que ganar si consigue establecer en Nuevo León un sistema de Justicia Penal y Seguridad Pública confiable. El capítulo del Foro dedicado a tratar el tema desde el punto de vista de lo que el sistema penal actual ha significado a las víctimas del delito fue esgarrador; tratar de que no se repitan el sinnúmero de inhumanas injusticias debiera, por sí solo, ser suficiente motor para mover a la acción a los encargados de implementar la reforma penal en Nuevo León; es cuestión no únicamente de razones y conveniencia, sino también de conciencia de los servidores públicos.

El autor es presidente del Patronato de Renace, ABP.
ecanales@canalesysocios.com.mx