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Simposio Binacional "Desafíos y Perspectivas de la Implementación de la Reforma Penal en México"
El Lic. Ernesto Canales Santos, Presidente del Consejo de nuestra institución, participó en el Simposio Binacional "Desafíos y Perspectivas de la Implementación de la Reforma Penal en México" organizado por la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el British Council y el Instituto Nacional de Ciencias Penales y llevado a cabo el pasado 9 y 10 de febrero en la Ciudad de México.
Durante su ponencia comentó que se han incrementado las penas y las intervenciones militares y policiacas, factores que no acaban con la violencia en el país, por lo que el tema debe ser tratado de manera completa. A su juicio, "es vital aprovechar la reforma constitucional para que su implementación atienda las demandas de la sociedad civil sobre seguridad y justicia penal".
Al analizar el sistema de justicia penal, Canales Santos aseguró que entre los problemas que se presentan se encuentran: policías sin coordinación y al servicio de ministerios públicos -estos últimos no tienen el mandato de realizar investigaciones objetivas-; falta de profesionalización en la averiguación e investigación de los delitos; policías que carecen de reglas para garantizar la seguridad pública; desequilibrio de facultades a favor del Ministerio Público, en contra de víctimas, acusados y jueces; la presunción de inocencia no tiene vigencia, y falla gravemente la rehabilitación de reos.
El sistema penal mexicano es insuficiente para cumplir con la obligación del Estado de brindar certidumbre y seguridad jurídica a la población. Y los índices apuntalan los hechos: 15 por ciento de quienes sufren delitos lo denuncian; 85 por ciento de los crímenes que se cometen quedan impunes; 95 por ciento de los juicios son resultado de detenciones en flagrancia; más del 90 por ciento de los juicios en México reciben sentencias condenatorias.
Además, en el 85 por ciento de los casos el juez no conoce a las víctimas, acusados, testigos o peritos, más del 50 por ciento de los presos no han sido condenados, y 70 por ciento de las órdenes de aprehensión no han sido ejecutadas.
Los Juicios Orales
Canales Santos señaló también que la implementación de los principios de la reforma constitucional es fuertemente cuestionada por los altos mandos policiales, que plantean la disyuntiva entre seguridad o justicia. "No se trata de una alternativa sino de un binomio, en el que no puede existir la una sin la otra, salvo en Estados totalitarios en donde en aras de la seguridad se acaba con la justicia", precisó.
Además, resaltó que con los juicios orales se espera lograr: transparencia, profesionalización de las policías, investigación científica de los delitos, prisión preventiva como excepción, equilibrio entre Ministerio Público, víctimas y acusados; mayor control de los jueces durante el proceso, audiencias públicas en presencia del juez para el desahogo de pruebas, y que la investigación del Ministerio Público y las policías sea vigilada y controlada desde su inicio por un juez de control.
Implementando la Reforma
Ante ello, consideró, hay que aprovechar las experiencias apoyando aciertos y evitando errores, puesto que habrá que construir modelos de éxito que sirvan, como por ejemplo, el tratamiento de los delitos de homicidio en el Distrito Federal.
A nivel federal, sugirió Canales Santos, se podrían encontrar nichos de aplicación selectiva del nuevo sistema que sirvieran de laboratorio y ejemplo para los estados, algunos de los cuales, dado el bajísimo nivel de sus estándares de justicia penal, requieren de mayor ayuda para llevar a cabo esta reforma.
"La policía sin controles, torpe y corrupta, no acabará con la inseguridad pública. La reforma constitucional contará con una policía regulada bajo un orden jurídico", comentó.
También hizo notar que no puede existir un estado de derecho sin justicia y no puede darse la justicia sin seguridad pública, además de que la sociedad civil debe tomar un papel más activo en vigilar que estas reformas se concreten.
Nuevo León y Chihuahua
Al abordar en lo particular el caso de Nuevo León, reiteró que adoptó una implementación doblemente gradual: comprendió una porción de los delitos y sólo aplicó el nuevo sistema a la parte final del proceso.
"Fue una reforma muy corta que no tocó ni la normatividad ni la operación de la averiguación previa, ya que la Procuraduría (de la entidad) sigue distinguiendo entre ministerios públicos investigadores y adscritos a juzgados, lo que genera una fractura en la continuidad de la acusación".
En relación con la Policía Ministerial y con los Servicios Periciales en Nuevo León, dijo: "No tienen autonomía para desempeñar sus funciones, no fueron capacitados para adecuar sus prácticas. La Policía Ministerial es la peor remunerada. No se introdujo al juez de control para vigilar la legalidad de los actos del Ministerio Público, a pesar de que la reforma generó que casi toda la incidencia se resolviera dentro de la Procuraduría".
Respecto a los problemas de la Justicia Penal Administrativa, Canales Santos mencionó que los casos delictivos registrados por la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León en 2007 fueron 72 mil 606, mientras que las consignaciones al Poder Judicial sumaron 4 mil 143, según dicha dependencia.
Asimismo, 68 mil 878 de los casos (94 por ciento) registrados por la PGJ son "resueltos" en la Procuraduría y no en el Poder Judicial, aseveró.
"Estamos ante una justicia administrativa -explicó- y los problemas que enfrenta ésta son: no hay certeza en qué pasa con los asuntos; no hay control de lo resuelto; hay más trabajo y poder para el Ministerio Público, y no hay equilibrio de los intervinientes: Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa".
El especialista precisó que en estas circunstancias la autoridad desea menos trabajo, y no necesariamente hay satisfacción de las partes al resolverse los asuntos y puede haber presiones para que "concilien o perdonen" contra la consignación.
Por otra parte, comentó los importantes desequilibrios en los salarios, pues un juez de primera instancia gana 59 mil 232 pesos, mientras que el Ministerio Público 29 mil 273 y el defensor de oficio 15 mil 413 pesos.
Refirió que los cambios necesarios deben contemplar extender la reforma judicial a la averiguación previa y a la segunda instancia, no quedarse sólo en la etapa de preparación y juicio. Además, como no basta con hacer nombramientos, se requiere "reconceptualizar" el marco normativo y hacer un seguimiento directo y objetivo de su desarrollo cotidiano.
El Caso de Chihuahua
El especialista también abordó el caso de Chihuahua, entidad que estableció el nuevo sistema integralmente. "La violencia en ese estado ha oscurecido los resultados positivos de esta reforma, aunque se debe considerar que la violencia se ha desatado principalmente en el ámbito federal, donde no se ha aplicado la reforma", explicó.
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